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El Gobierno Vasco ha intensificado su control sobre el alquiler vacacional en la comunidad, especialmente en un contexto de creciente gentrificación y aumento de los precios de la vivienda. En 2025, se llevaron a cabo 472 inspecciones relacionadas con viviendas de uso turístico (VUP), resultando en 168 expedientes sancionadores y multas que suman 2,3 millones de euros. Esta medida busca regular el sector y garantizar que los propietarios cumplan con sus obligaciones fiscales.
Medidas de Control y Sanciones
La normativa actual exige que los pisos turísticos obtengan una renovación de autorización cada cinco años y prohíbe nuevas aperturas en explotaciones agrarias o construcciones tradicionales. La infracción más común es la clandestinidad, donde se operan viviendas sin la debida declaración ante la Administración turística. En 2025, se impusieron dieciséis multas graves por un total de 25.000 euros, siendo Gipuzkoa la provincia más afectada.
Las sanciones se clasifican en leves, graves y muy graves. Las infracciones leves pueden acarrear apercibimientos o multas de hasta 10.000 euros, mientras que las graves oscilan entre 10.001 y 100.000 euros. Las muy graves, aunque no se registraron en 2025, podrían llegar a ser sancionadas con multas entre 100.001 y 600.000 euros.
Objetivos del Gobierno Vasco
La consejera Cristina González ha enfatizado la importancia de regular el turismo para mitigar sus efectos negativos en la convivencia ciudadana. El Gobierno Vasco trabaja en colaboración con la Comisión Europea para establecer mecanismos que obliguen a las plataformas online a evitar anuncios de viviendas ilegales. Este esfuerzo incluye el refuerzo del personal inspector para asegurar el cumplimiento normativo.
El procedimiento sancionador se inicia cuando se detecta una infracción, ya sea por denuncia o verificación administrativa. Los propietarios tienen derecho a presentar alegaciones dentro de un plazo de quince días hábiles y pueden beneficiarse de reducciones en las multas si reconocen su responsabilidad.
Plazos y Prescripción
Las infracciones leves prescriben al año, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años desde su comisión. Si no se avanza en el procedimiento dentro de seis meses por causas atribuibles a la Administración, este caducará automáticamente.
Con estas medidas, el Gobierno Vasco busca no solo regular el sector del alquiler vacacional sino también proteger el bienestar de los bilbaínos y mantener la calidad de vida en la villa.
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