CCOO-A critica agresión a educadora social en Bilbao y exige medidas para tratar «problema estructural»

La federación de enseñanza de CCOO de Andalucía ha condenado «la nueva y grave agresión» sufrida por una educadora social en un piso de acogida para jóvenes tutelados en Bilbao, un suceso que «evidencia la creciente violencia que enfrentan las y los profesionales del ámbito de la protección de menores y de la justicia juvenil». Este ataque se produce apenas unos meses después del fallecimiento de otra trabajadora en Extremadura, lo que pone de manifiesto la «desprotección sistemática» a la que están expuestos estos colectivos.

Según ha trasladado la secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, mediante un comunicado, «la privatización salvaje ha fracasado y es hora de recuperar un servicio público con recursos y derechos».

El sindicato ha alertado de que estos episodios son la consecuencia directa de «un modelo socioeducativo colapsado, que se da en todas las comunidades autónomas, marcado por la externalización masiva de los servicios, la precariedad laboral y la falta de recursos que han derivado en un problema estructural, no en casos aislados».

Vega ha recordado que llevan «años denunciando que la protección de menores y la justicia juvenil se han convertido en un negocio donde se recorta en todo menos en beneficios». De esta manera, entre los principales problemas identificados por el sindicato destacan la falta de seguridad en los centros, plantillas insuficientes para atender situaciones de alta conflictividad y protocolos obsoletos que dejan al personal indefenso.

«La violencia nunca debería ser un riesgo asumido en el ejercicio profesional, pero cada vez más compañeras y compañeros se enfrentan a agresiones por un sistema que les abandona», ha lamentado la secretaria. Ante esta «crítica situación», CCOO ha intensificado su presión estos últimos meses con concentraciones en todas las capitales andaluzas los pasados 20 de marzo y 2 de abril, además de llevar mociones a ayuntamientos y diputaciones para reclamar la mejora de estos servicios.

Asimismo, entre las medidas exigidas por la organización sindical destacan auditorías urgentes en centros de menores y paralización de licitaciones basadas en el bajo coste; refuerzo de las plantillas y establecimiento de un plus de peligrosidad para el personal en entornos de riesgo o de complicado desempeño; creación de un registro oficial de agresiones y profesionales; o la aplicación íntegra del V Convenio de Reforma Juvenil y Protección de Menores a partir de 2026.

CCOO ha emplazado a las Consejerías competentes y a las entidades gestoras a adoptar «medidas inmediatas», entre ellas un diálogo con los sindicatos, el fin de las licitaciones a la baja, una inversión real en personal, formación y seguridad o el compromiso de la aplicación del convenio vigente del sector.

Finalmente, Vega ha insistido en que la seguridad de los y las trabajadoras es «condición indispensable para garantizar una atención adecuada a los menores».