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El precio medio del alquiler residencial ha experimentado un incremento significativo en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga y Bilbao, superando el 10% interanual en 2025. Este aumento se atribuye en parte a la disminución de la oferta de viviendas destinadas al alquiler tradicional, debido al trasvase de propiedades al mercado de alquiler de temporada, según datos de la red inmobiliaria donpiso.
Emiliano Bermúdez, subdirector general de donpiso, ha señalado que el alquiler de temporada se ha convertido en una alternativa atractiva para propietarios que buscan maximizar la rentabilidad de sus inmuebles sin estar sujetos a las restricciones de la Ley de Vivienda. Esta tendencia ha generado una preocupante reducción en la disponibilidad de alquileres a largo plazo, ejerciendo una presión adicional sobre los precios y dificultando el acceso a viviendas habituales para muchas familias.
El perfil del arrendador que opta por el alquiler de temporada suele ser el de un propietario particular con una sola vivienda en propiedad, buscando obtener mayores beneficios económicos. Por otro lado, entre los inquilinos destacan directivos desplazados, nómadas digitales y estudiantes internacionales, con ingresos medios superiores a los 2.500 euros mensuales y estancias de seis a nueve meses, lo que les permite hacer frente a alquileres que superan los 1.200 euros al mes.
En contraste, los inquilinos a largo plazo se enfrentan a un escenario de incremento en los precios. En Barcelona, la renta media de los contratos residenciales firmados en el presente año se sitúa en 1.300 euros mensuales, mientras que en Madrid alcanza los 1.250 euros.
Bermúdez ha advertido que, con salarios medios netos que en muchas zonas no llegan a los 1.600 euros, estas cifras representan una barrera significativa para numerosas familias trabajadoras. Desde donpiso se hace un llamado a establecer una regulación específica para el alquiler de temporada, con el objetivo de evitar su uso indebido como forma de eludir el control de precios. De no tomarse medidas pronto, el desequilibrio entre la oferta y la demanda podría volverse estructural, dejando a un número cada vez mayor de ciudadanos sin la posibilidad de acceder a una vivienda digna.
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