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Las trombas de agua que azotaron las calles de Bilbao y otras zonas de Bizkaia el pasado 3 de octubre han llevado a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Euskadi (FSC-CCOO) a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo. La denuncia se centra en la actividad de los repartidores de Glovo y su subcontratista Fliits, quienes, según el sindicato, continuaron trabajando en condiciones meteorológicas adversas, a pesar de los avisos de nivel naranja y rojo emitidos por las autoridades.
Condiciones Peligrosas para los Repartidores
FSC-CCOO ha calificado los hechos como «especialmente graves», argumentando que los repartidores estuvieron expuestos a condiciones que podrían haber puesto en peligro su integridad física. El sindicato ha señalado que esta situación se repite con frecuencia en el sector del delivery, lo que ha llevado a exigir a todas las empresas que cumplan con las normas de prevención de riesgos laborales. «La seguridad no puede depender de la urgencia de una entrega ni de la presión por cumplir los tiempos que marcan las plataformas», han afirmado.
La denuncia solicita a la Inspección que investigue cómo se prestó el servicio durante el 3 de octubre, analizando las instrucciones recibidas por la plantilla y los protocolos adoptados por Glovo y Fliits. En caso de confirmarse incumplimientos, el sindicato exige que se depuren responsabilidades y se implementen medidas correctoras adecuadas.
Responsabilidad en la Subcontratación
El sindicato ha enfatizado que la subcontratación no debe servir para diluir responsabilidades ni para reducir la protección laboral. Han recordado que es fundamental que la organización del trabajo garantice que las alertas meteorológicas se traduzcan en medidas preventivas efectivas. «No puede recaer en cada repartidor la decisión de arriesgar su integridad física para completar un pedido», han destacado.
CC OO ha instado a Glovo y Fliits a establecer procedimientos efectivos para adaptar o suspender actividades cuando las condiciones climáticas comprometan la seguridad laboral. Además, han exigido garantías para evitar presiones o represalias contra los empleados en tales situaciones. «La seguridad y la salud laboral no son negociables», han subrayado.
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